El Gobierno evita hablar de pensiones en su propaganda sobre el cumplimiento del plan de recuperación

El Ministerio de Economía de Nadia Calviño ha aprovechado el primero de agosto para lanzar un nuevo comunicado de propaganda llamado «Informe Cumpliendo» en el que asegura que «prevé culminar en este año las principales reformas estructurales del Plan de Recuperación». Sin embargo, esta comunicación se olvida curiosamente de la principal reforma que debe aprobar el Gobierno si quiere seguir recibiendo los fondos europeos: la de las pensiones.

Como es sabido, el principal compromiso que la falta por cumplir a Pedro Sánchez de los enviados a la Comisión Europea a cambio de los fondos Next Generation es precisamente la de la Seguridad Social. En Bruselas son muy conscientes de ello y llevan meses advirtiendo al Ejecutivo de que debe embridar el gasto en pensiones.

Pero lejos de hacer caso a estos ‘toques’, el presidente del Gobierno ha preferido seguir adelante con sus promesas populistas ante la cada vez mayor cercanía de las elecciones, y ha reiterado que subirá todas las pensiones de acuerdo con el IPC, que en julio se situó en el 10,8% (récord de 38 años). Algo que le obligará a transferir al menos otros 20.000 millones a la Seguridad Social el próximo año ante la clara insuficiencia de las cotizaciones.

Y no sólo eso, sino que tuvo la desfachatez de mandar a Bruselas unas previsiones de gasto en pensiones basadas en la reforma de Rajoy que él derogó; es decir, unos cálculos que partían de que todavía está en vigor, cuando no lo está. Algo que, como es lógico, ha sentado bastante mal en la Comisión, que va a mirar con mucho más detalle la reforma que apruebe el Gobierno español en esta materia. Es más, la reducción del déficit (incluyendo el de la Seguridad Social) es también condición sine qua non para que el BCE pueda comprar deuda pública en caso de que la prima de riesgo se dispare.

Falta la reforma más dura, y parece que no existe

De momento, el ministro José Luis Escrivá ha logrado -no sin esfuerzo- alcanzar un acuerdo para reformar las cotizaciones de los trabajadores autónomos.  Pero falta lo más importante: un mecanismo para reducir el déficit del sistema. Algo que el Gobierno pretende hacer con lo que denomina «mecanismo de equidad intergeneracional», que consiste en subir todavía más las cotizaciones de las empresas en vez de moderar el gasto. Algo a lo que se ha opuesto la CEOE, obviamente, y que el Ejecutivo tendrá que sacar adelante sin su apoyo.

Por tanto, la reforma exigida por Bruselas va a ser muy complicada y va a tener coste electoral. Pero, en vez de coger el toro por los cuernos, el Ejecutivo prefiere hacer como si no existiera y ni siquiera la enumera en su informe entre las reformas que piensa cumplir antes de fin de año (cuando debe enviarla a Bruselas).

Sí incluye otros compromisos con mucha menos enjundia, como la reforma de la Ley Concursal y de la Ley de Creación y Crecimiento empresarial, la Ley de startups, la reforma de la Ley de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, la Ley de creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, así como nuevas convocatorias del Kit Digital (ayudas a pymes para digitalizarse) y el refuerzo de la red de apoyo a los clusters innovadores.